Un juez suspende el contrato del Gran Premio de Sao Paulo

El último acuerdo firmado por Chase Carey extendía el contrato para disputar el Gran Premio de Brasil hasta 2025, pero ese contrato ha sido denunciado y un juez ha paralizado su ejecución a la espera de revisar su validez.

Las últimas noticias sobre el Gran Premio de Brasil eran la extensión del contrato hasta 2025, con un nuevo promotor manteniendo la Fórmula 1 en el trazado de Interlagos, al no fructificar las negociaciones con Rio de Janeiro pues no lograron los permisos ambientales para construir el circuito.

Parte del problema a la hora de negociar el contrato era la falta de financiación con la que se había encontrado el promotor de Interlagos, pero el nuevo promotor logró la colaboración económica del gobierno de Sao Paulo, de ahí que el nombre del evento se cambiase a Gran Premio de Sao Paulo.

Este nuevo acuerdo se firmó con una empresa recién creada Brazil Motorsport, encabezada por Alan Adler y con el respaldo de la empresa inversora de Abu Dhabi Mubadala. El ex campeón olímpico de vela ha estado vinculado al desarrollo de grandes eventos en Brasil en los últimos años como conciertos de rock o partidos de pretemporada de la NBA.

En los anteriores contratos de Interlagos el apoyo financiero de dinero público se limitaba a ayudas para acondicionar el trazado de Interlagos, pero en este nuevo contrato la región se comprometió a inyectar 3 millones de euros anuales en ese acuerdo a 5 años para entrar en el calendario de Fórmula 1.

Y es precisamente que saliese a la luz esa financiación lo que ha llevado a la impugnación del contrato ante la justicia brasileña. Según informan varios medios locales el juez Emilio Migliano Neto ha decidido suspender la ejecución del contrato hasta que no se aclare si hubo un proceso de licitación suficientemente transparente como exige la ley a los contratos públicos.

«Los hechos revelan, sin lugar a dudas, que los principios de publicidad y transparencia están siendo violados de manera explícita», señaló el juez, quien afirma en el auto que la ausencia de licitación obliga a «suspender la ejecución del contrato».

El juez ha dado a las autoridades de Sao Paulo cinco días para presentar la documentación solicitada a fin de esclarecer la firma de ese contrato con dinero público.

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